Chile ha implementado reformas de primera generación que ningún otro país latinoamericano ha podido establecer – ni siquiera muchos países de Europa Occidental.
Introducción de:
1.- considerables aranceles en las universidades estatales,
2.- el rápido crecimiento de la educación terciaria privada,
3.- el uso de mecanismos innovadores de asignación de recursos tales como los bonos AFI (Aporte Fiscal Indirecto),
4.- el fondo competitivo para el mejoramiento de la calidad,
5.- los convenios de desempeño, y
6.- el establecimiento del programa de crédito universitario garantizados en conjunto con los bancos privados.
Financiamiento público
Chile optó, hace muchos años, por un enfoque de financiamiento mixto para la educación, por medio del cual los recursos se complementarían con contribuciones considerables de parte de los estudiantes y sus familias. Por lo tanto, aún cuando el gasto en educación como proporción del PIB ha aumentado de 2.4% a 3.4% entre 1990 y 2006, está todavía bajo el promedio de la OCDE de 5.4%.
La educación representa menos de 20% del total del gasto del gobierno. Con 14% en 2006, la proporción de la educación superior dentro del presupuesto de la educación también es bajo, comparado con los promedios de 23% y 24% de la OCDE y la UE de 23% y 24% respectivamente.
Chile tiene el nivel más bajo de todos los países con que se lo compara, muy por debajo de los promedios de 1.3% y 1.1% de la OCDE y la UE respectivamente.
Para compensar el bajo nivel de financiamiento público, el gobierno de Chile adoptó a principios de los 1980, una estrategia de movilización de recursos basada en los dos pilares siguientes:
1) Costo total compartido en las universidades e instituciones técnicas públicas.
2) Rápido crecimiento de la educación superior privada, incluyendo instituciones no universitarias.
Gastos compartidos
Chile fue el primer país de América Latina que introdujo aranceles de pago en las instituciones públicas de educación superior, a comienzos de la década de los 80. Es todavía el único país de la región con altos aranceles a nivel de pregrado.
Chile está hoy entre las pocas naciones del mundo donde los estudiantes y sus familias pagan más de
USD 1 000 al año para estudiar en universidades públicas.
Principales conclusiones
· Comparado con otros países de América Latina, e incluso con la mayoría de las naciones más industrializadas y desarrolladas, el sistema de educación superior de Chile se destaca por el bajo nivel de financiamiento público. Al mismo tiempo, ha implementado audaces reformas financieras en las áreas de movilización y asignación de recursos, y ayuda estudiantil.
Movilización de recursos
· Chile posee un financiamiento mixto, por medio del cual los recursos presupuestarios se complementan con contribuciones considerables de parte de los estudiantes y sus familias. Como resultado, el gasto público en educación superior, incluyendo el financiamiento de la investigación, es notablemente bajo.
· Además, una proporción considerable del aumento de cobertura de la educación terciaria desde la transición democrática, ha sido manejado a través de un sector privado que crece rápidamente, financiado por los estudiantes y sus familias y matriculando casi un 70% del total de la población estudiantil.
Asignación de recursos
· Muchos de los instrumentos de asignación de recursos, AFI, MECESUP, convenios de desempeño, por ejemplo, son muy sofisticados en propósito y diseño.
· Chile entrega financiamiento para el presupuesto básico de un número de universidades privadas que reciben un 48% de todas las subvenciones públicas a la educación terciaria.
· Segundo, para transferir recursos a instituciones de educación superior, el país se basa más en el financiamiento indirecto –vinculado a alguna medida de desempeño estudiantil o institucional – que en pagos directos.
Utilización de recursos
· Las normas de gobierno no dan incentivos y flexibilidad suficientes a las universidades públicas para que usen los recursos disponibles de la manera más eficiente y efectiva. Por lo tanto, no pueden competir al mismo nivel con las instituciones de educación superior privadas.
· No parece haber una suficiente supervisión financiera de las instituciones privadas de educación superior.
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